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El lastre de los testigos-investigados

La condición de investigados de altos cargos del Govern y empresarios priva a la Fiscalía de fuentes de prueba

Hay testigos que pasan sin pena ni gloria por el juicio del procés porque poco pueden (o quieren) aportar. Son como esos pistachos que, al abrirlos, están vacíos. Apenas han dicho si están casados o solteros y en qué trabajan cuando Manuel Marchena ya les invita a recoger su DNI y marcharse. Pero hay otros que no solo no suman sino que restan, convertidos en un lastre para la fiscalía, para las defensas y para el buen funcionamiento del proceso. Son testigos fantasma: han sido citados a declarar, pero no declaran porque se les investiga en otra causa sobre los mismos hechos. Y la ley les permite guardar silencio.

Más de 500 testigos deben desfilar por el Tribunal Supremo en el proceso contra los líderes independentistas. Estos días, el tribunal escucha a los que solicitó la Fiscalía. Se supone que pueden aportar datos que apuntalen las tesis de la acusación. Pero algunos de ellos ostentan la condición de investigados; la mayoría, en la causa abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O.

Esos testigos-investigados están, como recuerda Marchena, en una situación procesal “intermedia”. Son híbridos en un limbo jurídico. Como testigos, deben decir verdad (o prometer / jurar que lo hacen). Como investigados, pueden rechazar las preguntas que les incriminen, e incluso no contestar a ninguna. Esta última vía es la que han escogido casi todos ellos, con dos notables excepciones: el comisario de los Mossos Emili Quevedo y el secretario general del Diplocat Albert Royo.

El problema de esos silencios forzados es que las acusaciones (y en especial la Fiscalía, que les ha propuesto) pierden fuentes de prueba. Y las defensas, la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y usar a esos testigos en descargo de sus clientes. “La Fiscalía se ha pegado un tiro en el pie al solicitar la imputación de esas personas en el juzgado 13, sin considerar que podrían serles más útiles como testigos”, señalan fuentes judiciales. En el fondo del conflicto subyace, una vez más, la multiplicación de procesos penales que ha originado el procés.

Esos testigos híbridos, perdidos ya para el juicio, eran relevantes. Sobre todo, para aclarar el delito de malversación. Entre ellos hay altos cargos de la Generalitat como Amadeu Altajaf, exdelegado del Govern en la UE. Algo podría haber aportado Altajaf sobre los gastos de la diplomacia catalana, pero optó por un prudente silencio en defensa de sus intereses. También hay empresarios, caso de Pablo Raventós. El dueño de Unipost -la empresa a la que la Generalitat encargó la distribución de papeletas para el referéndum- no habló pese a que tres de sus subordinados sí lo hicieron.

Acompañados por sus abogados o solos, han pasado a velocidad de vértigo por la sala de plenos. Esa dinámica seguirá este jueves con la citación de otros cuatro testigos-investigados, pesos pesados del procés: Antoni Molons (secretario de Difusión, supuestamente el “tal Toni” que encargaba trabajos para el 1-O); Santiago Vidal (autor de un borrador de Constitución catalana); Carles Viver Pi i Sunyer (el arquitecto jurídico del procés) y Josep Maria Jové (mano derecha de Oriol Junqueras y cuyos documentos son prueba de cargo).

La irrupción de esos testigos genera otra dificultad: no se pueden someter a contradicción algunos relatos. Esto quedó ayer en evidencia. El fiscal Jaime Moreno recordó a un cargo de la Generalitat que la presidenta del ente que aglutina a TV-3 y Catalunya Ràdio le había atribuido la petición de emitir unos anuncios del 1-O. Núria Llorach lo había dicho, sí, pero ante Pablo Llarena, porque en el juicio del procés ha callado “por consejo” de su abogado. El diálogo Moreno-Marchena resulta revelador: “No puedo preguntárselo a ella porque se negó a declarar al estar investigada”, dice el fiscal. “Ése es el problema”, contestó el presidente, “que no podemos sustituir su declaración”.

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