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El abogado de Junqueras denuncia una “causa general” de la justicia contra el independentismo

Los argumentos técnicos y los alegatos políticos se mezclan en la primera sesión del juicio del ‘procés’

En el Tribunal Supremo se han celebrado 25 juicios de relevancia política desde la llegada de la democracia, pero ninguno como el del procés. Ni el de los crímenes de los GAL ni el de las actuaciones de los dirigentes de HB ni el de la financiación ilegal del PSOE del caso Filesa adquirieron en su momento la trascendencia del proceso que, desde este martes, sienta en el banquillo a 12 líderes secesionistas catalanes. Estos están acusados de promover y ejecutar un plan para lograr la independencia de Cataluña.

En la primera sesión, centrada en resolver cuestiones previas planteadas por las defensas, el protagonismo lo han acaparado las imágenes más que los argumentos: el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entrando en la sala de vistas con un lazo amarillo en la solapa tras saludar al presidente del Supremo, Carlos Lesmes; los familiares de los acusados que están en prisión esperando para entrar en la vista en los pasillos del tribunal junto a los tres procesados que están en libertad; y, sobre todo, la carga política de una imagen: la de los nueve presos preventivos sentados en el banquillo, por primera vez, frente a frente a los siete magistrados que los van a juzgar.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha dado 45 minutos a cada unas de las defensas para que expusieran las llamadas cuestiones previas, reclamaciones y peticiones de contenido jurídico que los abogados solicitan que se resuelvan antes de empezar el juicio. Es una sesión de contenido eminentemente técnico, pero los argumentos jurídicos se han mezclado con alegatos políticos con los que algunas defensas pretenden exponer sus dudas sobre la legitimidad del Tribunal Supremo para juzgar este caso. “Esta es una causa general y prospectiva” del independentismo, ha afirmado Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva.

Van den Eynde ha centrado gran parte de su intervención en denunciar los derechos fundamentales que, en su opinión, se han violado a lo largo de la causa. “Se han vulnerado prácticamente todos los derechos. El derecho a la intimidad, la inviolabilidad y domicilio, el derecho a la reunión y manifestación, el de libertad de movimientos. Hasta el derecho a la libertad de culto, porque a Junqueras no le dejaban ir a misa en prisión”, ha lamentado el letrado, para quien el Supremo, con las prisiones preventivas ha “banalizado la libertad”.

La vista, desde el primer día de juicio, está ya puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde la mayoría de los letrados asumen que llegará el caso si el juicio del alto tribunal español acaba en condena. Con ese horizonte, tanto la defensa de Junqueras como la de los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, el letrado Jordi Pina, han incidido en esa supuesta vulneración de derechos fundamentales que les puede abrir las puertas de la justicia europea. El abogado Van den Eynde ha sostenido que la causa ha sido una «suspensión generalizada e indebida» de los derechos políticos de los dirigentes procesados. «Al señor Junqueras le han quitado de la arena política», ha afirmado.

Jordi Pina, el abogado de Turull, Rull y Sànchez, ha puesto en duda la legitimidad del Supremo para juzgar el caso y la imparcialidad de algunos de sus magistrados. “Hagan de jueces y no de salvadores de la patria”, ha reclamado a Manuel Marchena y sus seis compañeros.

La defensa más técnica la ha protagonizado, por ahora, Javier Melero, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn. Se ha quejado también de la supuesta vulneración de derechos fundamentales, pero no ha entrado en el terreno de poner en duda al tribunal designado para juzgar a los líderes independentistas. Sí ha cuestionado la fragmentación de las investigaciones del procés abiertas en distintos tribunales. Melero ha pedido que todas las causas se acumulen en una sola para evitar que se den situaciones como que el Supremo enjuicie a los líderes políticos mientras que la Audiencia Nacional se prepara para juzgar al jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero: «Aquí hay imputados que allí declararán como testigos y viceversa», ha recordado Melero, que considera que la escisión de la causa perjudica especialmente a Forn, que como máximo responsable político de los Mossos está acusado de dar órdenes políticas a los mandos policiales para que permitieran, con su pasividad, la celebración de la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017.

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